El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 0639 de 2025, con el que el Gobierno nacional convocaba a una consulta popular a nivel nacional. La decisión fue tomada por la Sección Quinta de la corporación, tras admitir una demanda de nulidad por considerar que el acto fue expedido sin el cumplimiento de requisitos constitucionales esenciales, como el concepto previo favorable del Senado, estipulado en el artículo 104 de la Constitución.
El alto tribunal aclaró que, como mecanismo de participación ciudadana, la consulta solo puede ser convocada con la aprobación del Senado, un paso que no fue cumplido por el Ejecutivo en este caso. La medida fue adoptada con base en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.
La decisión provocó inmediatas reacciones políticas. Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Carlos Fernando Motoa, quien celebró la suspensión del decreto y cuestionó duramente la estrategia jurídica del Gobierno: “El Gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. El ‘decretazo’ es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente”, afirmó Motoa.
El presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales, negando que se haya declarado inconstitucional el decreto y defendiendo su legalidad: “Ni lo uno, ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”, señaló el mandatario.
Petro también elevó el tono del debate al advertir que la verdadera decisión recae ahora sobre el Congreso y el pueblo: “Claro que la mesa directiva del Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra. Ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza, el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder.”
La senadora María Fernanda Cabal, férrea opositora del Gobierno, también intervino en el debate para rebatir las afirmaciones de Petro. Cabal, quien fue una de las impulsoras de la acción judicial contra el decreto, aseguró: “A ver Petro, el Consejo de Estado no necesita declarar inconstitucionalidad para suspender un decreto que viola abiertamente la ley. Lo ha hecho porque el Decreto 0639 fue expedido sin el concepto favorable del Senado, requisito exigido por la Constitución.”
Añadió que el presidente está distorsionando los principios de la democracia: “Tampoco se trata de interpretaciones políticas ni de soberanías mal entendidas. El pueblo decide pero dentro del marco constitucional. Lo que usted hizo fue ignorar al Congreso y pisotear la separación de poderes. Hoy el Consejo de Estado le recordó que nadie, ni siquiera usted, está por encima de la ley.”