La relación política entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, quien durante meses fue una de sus funcionarias más cercanas, quedó en evidencia esta semana tras un fuerte cruce de señalamientos públicos por la crisis del sistema de salud.
Durante una intervención sobre la situación del sector, el jefe de Estado aseguró que Sarabia fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores hoy cuestionados por un presunto desvío de recursos públicos. Según Petro, estas personas habrían participado en maniobras irregulares durante las intervenciones a varias EPS.
“Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura. Eso fue un engaño y se perdió casi un año de la intervención y de la reforma a la salud”, afirmó el presidente, en referencia al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Petro fue más allá y aseguró que los interventores “fueron a hacer business” y que durante su gobierno ha caído en varias “trampas” y traiciones.
Las declaraciones no tardaron en generar reacción. Laura Sarabia respondió de manera contundente y negó cualquier participación en la designación de interventores en el sistema de salud. “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y el ministro de Salud lo saben”, aseguró.
Además, Sarabia elevó el tono del enfrentamiento al insistir ante la Fiscalía para que el presidente Gustavo Petro sea llamado a declarar. En una comunicación formal, también pidió investigar a la persona que, según ella, le habría suministrado información falsa al mandatario.
Este nuevo choque se da en medio de un escándalo que salió a la luz hace un año, cuando se conoció que una empresa creada en España, y que operaba como casa matriz de al menos 18 IPS en Colombia, era sospechosa de participar en un entramado para captar de manera irregular recursos del sistema de salud. A diferencia de otras IPS afectadas por la desfinanciación, estas instituciones recibieron importantes giros económicos del Estado en los últimos años.
Entre las IPS vinculadas figuran entidades ubicadas en Bogotá, Soacha, Boyacá y Armenia. Llama la atención que esta presunta “compañía de papel” realizó sus principales inversiones en Colombia a partir de 2022, año en el que Gustavo Petro asumió la Presidencia.
Según se conoció, los movimientos de esta empresa habrían sido advertidos al presidente por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Sin embargo, poco tiempo después, a Leal le fue solicitada la renuncia al cargo.
El cruce entre Petro y Sarabia no solo deja al descubierto una ruptura política de alto nivel, sino que vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en el manejo de los recursos de la salud y las tensiones internas dentro del Gobierno