Un panfleto firmado por el Clan del Golfo, que circula desde esta semana en Valledupar, ha encendido las alarmas en el sistema judicial. El documento, que incluye amenazas explícitas contra jueces y fiscales de la región, exige la liberación de miembros de la organización criminal y advierte que, de no cumplirse sus demandas, se activará un “plan pistola” dirigido contra funcionarios judiciales.
La amenaza menciona directamente a la fiscal Lina Oñate Daza y a la juez Mónica Quiroz, quienes actualmente adelantan procesos penales contra presuntos cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias “Miler”, “Tito”, “Mayck”, Jonathan Villazón y Mayck Mendoza.
“Se viene el plan pistola para Valledupar. Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado, no los perdonaremos. Jueces y fiscales, no estamos jugando”, advierte el panfleto, que aparece firmado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre que utiliza esta estructura narcoparamilitar.
Una modalidad criminal históricamente violenta
El “plan pistola” es una estrategia de terror que ha sido usada históricamente por grupos armados ilegales en Colombia para asesinar selectivamente a miembros de la fuerza pública, la justicia o funcionarios del Estado. Su objetivo es doble: presionar decisiones judiciales y sembrar miedo institucional.
La amenaza llega en un contexto de creciente presión estatal sobre el Clan del Golfo en el departamento del Cesar, tras varias capturas y operativos contra estructuras ilegales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el control armado de territorios.
Reacción institucional aún pendiente
Aunque fuentes judiciales confirmaron que se adelantan investigaciones para verificar la autenticidad del panfleto y se han adoptado medidas de seguridad adicionales en sedes judiciales, hasta el momento ni la Fiscalía General de la Nación ni el Consejo Superior de la Judicatura han emitido pronunciamientos oficiales.
Un vocero institucional indicó de forma reservada que “se están tomando medidas extraordinarias de protección para nuestros funcionarios y se ha reforzado la vigilancia en los juzgados y oficinas de la Fiscalía”.
Preocupación por la seguridad de operadores judiciales
La situación ha despertado preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el grave riesgo que enfrentan los operadores de justicia en regiones con fuerte presencia de estructuras criminales, como ocurre en el Cesar. También piden que el Estado garantice el ejercicio independiente, seguro y sin presiones del sistema judicial.
Mientras tanto, la comunidad judicial en Valledupar se mantiene en alerta máxima, y crecen los llamados a que el Gobierno Nacional no solo repudie las amenazas, sino que brinde garantías reales a jueces y fiscales que, en medio de la adversidad, continúan cumpliendo su labor.
