Un nuevo mensaje del presidente Gustavo Petro en la red X volvió a encender la controversia entre el Ejecutivo y las altas cortes. El mandatario reaccionó al allanamiento realizado en la vivienda del exembajador Armando Benedetti, investigado por presuntos hechos de corrupción, y cuestionó la legalidad del procedimiento judicial.
Citando un mensaje de su ministro del Interior, Petro escribió: “un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producido por una magistrada de la Corte Suprema víctima de su propio odio”, en alusión a Cristina Lombana, quien lidera la investigación contra el exfuncionario.
El comentario desató una oleada de críticas desde distintos sectores políticos y mediáticos. La periodista Luz María Sierra, directora de El Colombiano, recordó que Benedetti enfrenta un proceso judicial y que los allanamientos son medidas legales cuando existen evidencias suficientes. “El presidente no puede actuar como abogado de un exfuncionario cuestionado. ¿Acaso le secuestraron la cuenta o está fungiendo de cómplice?”, escribió en X, señalando una preocupante falta de prudencia institucional.
El exministro José Manuel Restrepo también expresó su preocupación, afirmando que el mensaje presidencial “envía un mal mensaje a la democracia”. A su juicio, el respeto a las instituciones debe estar “por encima de las valoraciones personales”, pues “la independencia de poderes no es un accesorio decorativo, sino el cimiento mismo del Estado de Derecho”.
Desde la oposición, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) fue más contundente. Señaló que Petro “irrespeta la división de poderes y respalda insultos contra una magistrada”, y comparó su actitud con la de “regímenes que buscan jueces de bolsillo”.
El debate deja en el aire un interrogante de fondo: ¿hasta qué punto puede el presidente intervenir, siquiera con palabras, en decisiones judiciales? Para analistas y opositores, la polémica revela un patrón de confrontación institucional que erosiona la confianza en el equilibrio de poderes y profundiza la crisis de respeto entre las ramas del Estado.