La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia recibió este miércoles un informe detallado sobre el proceso electoral venezolano del pasado 28 de julio. El informe fue presentado por observadores internacionales como el Centro Carter, la Misión de Observación Electoral (MOE), y la ONG colombiana Dejusticia, quienes presenciaron el evento electoral.
Entre los expositores invitados se encontraban Jennie Lincoln, jefa de la Misión Técnica Electoral del Centro Carter en Venezuela; Alejandra Barrios, directora de la MOE; y Catalina Botero, fundadora de Dejusticia y directora de la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. Durante la sesión, se abordaron las irregularidades detectadas antes, durante y después de la jornada electoral, tales como la falta de imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), la no publicación de datos cruciales de las actas de votación, y la manipulación del registro electoral.
Jennie Lincoln subrayó que, aunque el sistema de votación venezolano es tecnológicamente robusto, la falta de transparencia por parte del CNE en la publicación de los resultados de las 30.026 mesas de votación pone en duda la legitimidad del proceso electoral. Alejandra Barrios, por su parte, señaló que el verdadero problema radica en la gobernabilidad política del proceso electoral más que en el sistema de votación automatizado.
Catalina Botero enfatizó la importancia de los derechos humanos, denunciando las violaciones sistemáticas cometidas por las autoridades venezolanas en el contexto postelectoral, incluidas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Este tema generó un llamado de atención sobre la necesidad de una respuesta más contundente por parte de Colombia y otros países latinoamericanos.
En el debate que siguió a la presentación, varios congresistas colombianos expresaron su preocupación por las implicaciones de la crisis venezolana para Colombia y la región, y pidieron al gobierno de Gustavo Petro que adopte una postura más firme respecto a las violaciones de derechos humanos y la falta de transparencia electoral en Venezuela.
La diputada venezolana en el exilio, Gaby Arellano, también participó en la sesión, afirmando que las actas publicadas en la plataforma digital «Resultados con Venezuela» cumplen con los requisitos de seguridad del CNE, pero que la situación general en Venezuela sigue marcada por la represión y las violaciones de derechos humanos.
La sesión concluyó con un llamado a la comunidad internacional para que se realice una auditoría independiente de los resultados electorales y se garantice el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.