El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentará este 20 de julio un proyecto de ley que, de ser aprobado, permitiría la excarcelación de narcotraficantes, extorsionistas, secuestradores y asesinos tras solo cinco años de prisión. La condición: acogerse al discurso oficial de la “paz total”.
Para la senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición, esta iniciativa es un pago político disfrazado de pacificación. Según denunció, se trata de un canje de votos por impunidad, especialmente con quienes participaron en el llamado “Pacto de La Picota” durante la campaña presidencial.
“Este es el pago de Petro a los criminales que le consiguieron más de un millón y medio de votos con el apoyo de mafiosos. Ahora les quieren regalar impunidad”, afirmó Cabal en su cuenta de X, asegurando que el proyecto representa “una licencia para delinquir”.
El texto preliminar, revelado por El Tiempo, propone reformar la Ley de Justicia y Paz para ofrecer beneficios judiciales a estructuras criminales que negocian con el Gobierno bajo la sombrilla de la paz total. Entre sus puntos más polémicos está la posibilidad de que cabecillas como alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo, recuperen su libertad si entregan armas, liberan menores reclutados y firman que no delinquirán más.
En términos concretos, los máximos responsables de organizaciones criminales cumplirían penas de entre 5 y 8 años, incluso por delitos atroces, y si ya han pagado ese tiempo en prisión, obtendrían libertad condicional inmediata. Para los integrantes rasos, las penas irían de 2 a 5 años, con el mismo beneficio de excarcelación.
Además, el lugar de reclusión dejaría de ser una cárcel tradicional. La propuesta contempla que los condenados pasen su pena en “colonias agrícolas” o “casas étnicas”, un punto que Cabal calificó como “una burla” y una estrategia para proteger a los aliados criminales del Gobierno, evitando su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarían penas ejemplares.
Entre los potenciales beneficiados están:
- La Oficina de Medellín
- Los Shottas de Buenaventura
- Los Mexicanos de Quibdó
- La Inmaculada de Tuluá
- La Segunda Marquetalia de Iván Márquez
- Los Costeños
Alias como ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘Pipe Tuluá’ y ‘Castor’ ya han pagado cinco años de cárcel, por lo que bastaría una certificación de buena conducta expedida por el Alto Comisionado para la Paz para obtener su libertad.
Otro de los apartados polémicos es la suspensión de extradiciones a Estados Unidos y el reparto de bienes incautados: 65% para reparar víctimas, 20% para proyectos estatales y 15% para la reinserción de los propios criminales, lo que implica que el dinero del narcotráfico financiaría su regreso a la vida civil con el aval del Estado.
“La justicia se somete a los capos”, sentenció Cabal, asegurando que radicará ponencia negativa y denunciará internacionalmente por violación de los derechos de las víctimas si el Congreso insiste en avanzar con esta ley.
Sectores de oposición y partidos independientes ya alertaron sobre el riesgo de generalizar beneficios sin diferenciar responsabilidades individuales. Según Cabal, “pretenden disfrazar esta burla a las víctimas como ‘paz total’, cuando en realidad es una paz a la medida de los narcos”.