La senadora María Fernanda Cabal lanzó fuertes críticas contra el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, actualmente en discusión en el Congreso de Colombia. Según la legisladora del partido Centro Democrático, el artículo 5 del proyecto contiene “mucho veneno” y representa una amenaza para la propiedad privada y la economía rural.
Aprobación y avances legislativos
Tras una semana de intensos debates, las Comisiones Primeras de Cámara y Senado aprobaron el proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, que busca crear una nueva especialidad judicial para resolver conflictos relacionados con la tierra. Solo restan dos debates en las plenarias de ambas cámaras para que el proyecto se convierta en ley.
Sin embargo, el avance legislativo ha suscitado críticas de sectores de oposición que alertan sobre posibles riesgos para la seguridad jurídica y el desarrollo económico en el campo.
El artículo 5 bajo la lupa
Durante su intervención, Cabal calificó el artículo 5, que establece los principios rectores de la jurisdicción agraria, como un elemento potencialmente peligroso para la estabilidad jurídica. La senadora señaló que conceptos como “interés público”, “función social” y “función ecológica de la propiedad” podrían dar lugar a interpretaciones judiciales que desestabilicen el sector rural.
“En el artículo quinto hay mucho veneno; este tiene que ser revisado con los riesgos que esto supone para la propiedad y la actividad económica en el campo. Le dicen al juez cómo fallar escudándose en principios activistas alejados de la administración de justicia”, afirmó Cabal.
Preocupaciones sobre la propiedad y la economía rural
Cabal advirtió que la implementación de esta ley podría obstaculizar la producción agrícola debido a restricciones ambientales y normas amplias que afectarían la actividad económica. Según la senadora, conceptos como la “función ecológica” podrían hacer inviables proyectos agropecuarios legítimos.
“Esto significa que esa función es tan amplia, que el día que yo vaya a talar unos árboles o construir un aljibe será prácticamente imposible. Esto no pone en riesgo cualquier productividad económica; ya la elimina”, declaró.
Pronunciamiento del Gobierno
La viceministra de Promoción del Ministerio de Justicia, Helen Ortiz Carvajal, se pronunció tras la aprobación en primer debate de la ley de Jurisdicción Agraria, destacando los aspectos clave de la iniciativa y aclarando malentendidos generados en torno al proyecto.
“Decirles y ratificarles lo que digo hoy a la oposición y al Congreso en pleno, que hoy no estamos construyendo ni una sede administrativa ni ninguna causal para radicar una expropiación exprés. Todo lo contrario, se están estableciendo los mecanismos judiciales y administrativos para que se pueda adelantar una expropiación conforme a la normatividad que hoy está vigente y que no cambia en absoluto con este proyecto de ley ordinaria”, afirmó la Viceministra.
Ortiz Carvajal expresó su satisfacción por los consensos alcanzados y subrayó la importancia del acuerdo político.
“Nosotros vemos con beneplácito todos los consensos que se llegaron, vimos cómo a partir de las diferencias podemos realizar un acuerdo nacional”, comentó.
La viceministra enfatizó en el objetivo central del proyecto, el cual está encaminado a garantizar el acceso a la justicia para las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, permitiendo que sus derechos sean protegidos de forma efectiva.
“Lo que es fundamental para el Estado es llevar justicia a las comunidades rurales, a los indígenas, a los afrodescendientes, teniendo en cuenta sus necesidades para poder garantizar sus derechos y que puedan resolver de manera pacífica los conflictos, y no como históricamente se ha venido realizando a través de hechos violentos”, concluyó Ortiz Carvajal.
Llamado a la revisión del proyecto
Cabal hizo un llamado a los legisladores para revisar detenidamente el contenido del artículo 5 y otras disposiciones del proyecto de ley. Afirmó que su redacción actual podría generar incertidumbre jurídica y afectar la seguridad económica del país.
“Es grato poder trabajar con democracia y con entendimiento, pero aquí en el artículo quinto hay mucho veneno que hay que revisar. De lo contrario, las competencias serán infinitas y la incertidumbre jurídica enorme”, concluyó.