El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, solicitó formalmente a la Sala Plena del alto tribunal evaluar su impedimento para participar en el estudio de las demandas contra el decreto de emergencia económica, tras una recusación presentada por la Presidencia de la República.
La decisión se produce luego de que el Gobierno argumentara que el magistrado habría prejuzgado sobre el alcance del decreto durante varias entrevistas concedidas a medios de comunicación. Ante esta situación, Ibáñez elevó la solicitud para que sean sus propios colegas quienes determinen si debe apartarse del proceso.
En el documento dirigido a la Sala Plena, el magistrado manifestó que, mientras se resuelve la recusación, se abstendrá de intervenir en las deliberaciones y de participar en la votación relacionada con la constitucionalidad de la declaratoria de emergencia económica.
No obstante, Ibáñez aclaró que sus intervenciones públicas no constituyeron un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del asunto. Según explicó, sus declaraciones tuvieron un carácter estrictamente académico y se limitaron a exponer, de manera general, las alternativas jurídicas que la Corte podría considerar conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente.
El presidente de la Corte solicitó, además, que el trámite de su impedimento se realice con prioridad, teniendo en cuenta la relevancia institucional y jurídica que reviste el estudio del decreto de emergencia económica.
Ahora, serán los otros ocho magistrados de la Corte Constitucional quienes deberán decidir si aceptan o no el impedimento y definir, en consecuencia, si Jorge Enrique Ibáñez será apartado de la discusión y del fallo sobre el controvertido decreto.