La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un pliego de cargos contra tres exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero en Medellín, acusándolas de participar en actos de corrupción. Jennifer Andree Uribe Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, quienes ocuparon los cargos de Secretaria de Salud, Secretaria General y Secretaria de Suministros y Servicios, respectivamente, enfrentan una investigación por presunta falsedad ideológica en documento público.
La denuncia que dio pie a esta acción fue presentada por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien desde su asunción en enero de 2024 ha señalado numerosas irregularidades en la gestión anterior. Gutiérrez, en su cuenta de X, declaró: “se robaron a Medellín”, comparando los eventos en Medellín con el escándalo de corrupción durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá, sugiriendo que el desfalco en la capital antioqueña fue aún más grave.
El foco de la investigación es un contrato de transacción firmado el 12 de mayo de 2022 entre la Alcaldía de Medellín y la Fundación Colombiana de Cancerología “Clínica Vida”. Este acuerdo, valorado en $12.007.429.401, implicó la entrega de mejoras a la clínica por un monto inicial de $23.744.721.295, generando una notable pérdida para el municipio.
Según la Procuraduría, las exfuncionarias firmaron el contrato sin la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía, que debía haber sido presidido por Natalia Andrea Jiménez Pérez. Las acusaciones apuntan a que se incluyó información falsa en el documento, afirmando que dicho comité había aprobado el acuerdo cuando en realidad no lo había hecho. Este contrato permitió que la Clínica Vida pagara en cuotas desde 2022 hasta 2025 por las adecuaciones realizadas, pero a un precio significativamente menor que el costo original.
El pliego de cargos presentado por la Procuraduría subraya la gravedad de la falsedad ideológica en documento público, un delito que no solo implica una falta administrativa sino que también podría tener repercusiones penales. Este caso pone nuevamente bajo la lupa la administración de Daniel Quintero, abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en uno de los municipios más importantes de Colombia.