La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra Juliana Andrea Guerrero, funcionaria cercana al presidente Gustavo Petro, por el presunto uso indebido de un avión de la Policía Nacional para fines personales.
De acuerdo con las primeras indagaciones, el 20 de junio de 2025 un avión oficial, con matrícula PNC-042, salió de Valledupar hacia Bogotá transportando a familiares y amigos de Guerrero. La denuncia señala que la aeronave también habría sido utilizada un día antes para su traslado desde la capital del país hacia Valledupar.
La investigación busca esclarecer la responsabilidad de funcionarios del Ministerio del Interior en este posible uso irregular de recursos públicos. La Procuraduría solicitó información detallada sobre la tripulación, los pasajeros y la carga transportada, así como los documentos que acrediten el cargo de la funcionaria y los motivos del viaje.
Entre los requerimientos enviados, la Procuraduría pidió identificar a la tripulación con nombres, teléfonos y correos electrónicos, así como los nombres e identificaciones de los pasajeros de los vuelos del 19 y 20 de junio. Además, requirió información sobre posibles convenios entre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior que autoricen este tipo de traslados, junto con los documentos de legalización del servicio.
Juliana Guerrero, de 22 años, ha sido destacada por el presidente Petro, quien la describió como “activa y rebelde”. Pese a no tener estudios profesionales finalizados, ha ocupado simultáneamente cargos de alto nivel como jefa de gabinete presidencial, asesora del Ministerio del Interior y encargada de la oficina de despacho de la Presidencia. Sus funciones van desde coordinar agendas institucionales hasta influir en nombramientos clave.
Según documentos revelados por la revista Cambio, el exministro Armando Benedetti delegó a Guerrero la representación oficial ante instancias del Fondo de Igualdad, entidad que administra recursos superiores a un billón de pesos. En un correo dirigido al entonces director del fondo, Ricardo Suárez, Benedetti afirmó: “Juliana Guerrero asistirá en mi lugar y tendrá las facultades necesarias”.
El caso también revela la influencia de Guerrero en el Ministerio de Igualdad, donde su cercanía con Ricardo Suárez —quien fue directivo de la Universidad Popular del Cesar y acogió a las hermanas Guerrero en Bogotá— habría sido determinante en la designación de personal.
Ante este escándalo, la senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición, manifestó su indignación señalando que “en un país con tantas necesidades, pobreza y desprecio del gobierno Petro por los colombianos, estas noticias causan profunda indignación. Esperemos que esta vez la Procuraduría analice con atención esta denuncia que seguro no será la única”.
La investigación continúa abierta para determinar si la funcionaria incurrió en faltas disciplinarias y cuál sería el alcance del posible uso irregular de bienes del Estado.