La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra seis exfuncionarios de alto nivel por posibles irregularidades en un convenio interinstitucional que, según las pesquisas preliminares, habría derivado en el desvío de al menos $100.000 millones de pesos inicialmente destinados a la compra de tierras para familias damnificadas.
Entre los investigados figuran el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), César Augusto Manrique, quienes firmaron el convenio orientado a adquirir predios para proyectos productivos agrícolas en beneficio de comunidades afectadas por emergencias.
De acuerdo con la Procuraduría, el acuerdo fue modificado bajo el argumento de atender urgencias derivadas de la temporada invernal. Sin embargo, la actuación disciplinaria busca determinar si dichos cambios respondieron a causas justificadas o si, por el contrario, encubrieron un cambio de destinación indebida de los recursos públicos.
La investigación también cobija al exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Daniel Medina González; al exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Barreto Gantiva; y a dos directivas de la Fiduprevisora, María Fernanda Jaramillo y Daniela Andrea Valencia.
Uno de los puntos clave del expediente es establecer si los predios fueron efectivamente adquiridos, si hubo sobrecostos en la operación y si los beneficiarios finales corresponden a las personas registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de revisión sobre la ejecución de convenios interadministrativos durante 2023 y 2024, donde la Procuraduría ha identificado patrones de modificación contractual, traslados presupuestales y ejecución sin trazabilidad suficiente.