La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por presuntas omisiones en el proceso de nombramiento del nuevo alcalde o alcaldesa de la localidad de Usme, una responsabilidad que, según el ente de control, no se ha cumplido dentro del plazo legalmente establecido.
El proceso disciplinario fue iniciado por la Sala Disciplinaria de Instrucción luego de que se detectara que, desde el 1.º de noviembre de 2024, la Junta Administradora Local (JAL) de Usme envió la terna de aspirantes correspondiente. No obstante, más de siete meses después, no se ha oficializado mediante decreto el nombramiento del nuevo mandatario local.
Aunque el 19 de abril de 2025 la Alcaldía de Bogotá anunció públicamente la elección de Leidi Marcela Pinilla como nueva alcaldesa local, y su hoja de vida fue publicada diez días después, el acto administrativo que formaliza su posesión no ha sido expedido. En la práctica, sigue en funciones un alcalde interino.
Además del retraso, el caso se complica por denuncias sobre presuntas irregularidades en la documentación presentada por Pinilla. El concejal Angelo Schiavenato denunció posibles inconsistencias en la certificación laboral que acredita su arraigo en la localidad, requisito indispensable según la Ley 1421 de 1993. En específico, se cuestiona la validez de un certificado que acredita su vinculación a la Corporación Solidaridad y Trabajo durante cuatro años, información que podría no corresponder con la realidad.
La Procuraduría buscará esclarecer si hubo negligencia en el proceso por parte de Galán o si existen motivos jurídicamente válidos para la demora. También se investigará la autenticidad de los documentos presentados por la funcionaria seleccionada y si hubo fallos en los mecanismos de verificación.
Por ahora, el alcalde Galán no ha emitido declaraciones frente a la apertura de la indagación. El caso levanta preocupaciones sobre la transparencia y el rigor con el que se están manejando los procesos de designación en las alcaldías locales, en especial en zonas como Usme, donde la representación territorial y el conocimiento del contexto comunitario son vitales para la gestión pública.