“No hubo humo blanco, solo humo, como nos tiene acostumbrados el Gobierno”, afirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la reunión sostenida este lunes con los ministros del Interior y de Hacienda sobre el Decreto 1474 de 2025, que aumenta el Impuesto al Consumo y el IVA a licores y cigarrillos.
El mandatario anunció que el departamento solicitará esta semana a la Corte Constitucional una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para suspender los efectos tributarios del decreto. “En cualquier caso, si terminado el mes no hay solución, el departamento hará uso de la excepción de inconstitucionalidad”, advirtió Rendón.
Durante la reunión, en la que también participaron el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, los gobernadores expresaron su rechazo a la medida y reiteraron que buscan proteger las finanzas de los departamentos, fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, educación y deporte en los territorios.
Rendón cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de declarar una emergencia económica mediante decreto, señalando que desconoce al Congreso y vulnera la autonomía fiscal de los departamentos. “La Constitución se cumple y la autonomía fiscal de las regiones se respeta. El recaudo pretendido no justifica el sacrificio de los ciudadanos”, aseguró.
El gobernador enfatizó que las licoreras son empresas industriales y comerciales del Estado administradas por los departamentos, y señaló que el aumento del IVA a productos como el aguardiente afecta directamente a los consumidores. Además, cuestionó que el Gobierno hable de emergencia económica cuando, a su juicio, se trata de una reforma tributaria encubierta.
Al finalizar la reunión, los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo, pero confirmaron que mantendrán su postura de defensa de las rentas cedidas y de la autonomía territorial. La controversia legal sobre el decreto continúa, mientras los departamentos buscan medidas para proteger sus recursos y garantizar los servicios básicos a la ciudadanía.
En los próximos días, la Corte Constitucional definirá si concede la medida solicitada por Antioquia y otros departamentos, en un escenario que marcará un precedente sobre la relación entre el Gobierno central y las entidades territoriales frente a decisiones tributarias de alcance nacional.