El régimen de Irán volvió a recurrir a la pena de muerte como herramienta de terror político y ejecutó a cuatro hombres detenidos tras las protestas de enero, entre ellos dos jóvenes de 18 y 19 años, en medio de crecientes denuncias internacionales por juicios sin garantías, confesiones forzadas y represión sistemática contra la disidencia.
Las autoridades iraníes confirmaron este lunes la ejecución de Ali Fahim, de 23 años, acusado de intentar irrumpir en una instalación militar durante las manifestaciones antigubernamentales. Su muerte se suma a las de Amirhossein Hatami, de 18 años, ejecutado el 2 de abril, y a las de Mohammadamin Biglari, estudiante de informática de 19 años, y Shahin Vahedparast, de 30, ahorcados el 5 de abril. Todos habían sido arrestados tras la brutal represión lanzada por el régimen en Teherán.
Según el aparato judicial iraní, los condenados enfrentaban cargos como “enemistad contra Dios”, “corrupción en la tierra” y delitos contra la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Iran Human Rights sostienen que los procesos estuvieron marcados por tortura, desapariciones forzadas, aislamiento, falta de acceso a defensa independiente y sentencias dictadas en juicios manifiestamente injustos.
Para los grupos defensores de derechos humanos, estas ejecuciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada del régimen para aplastar el descontento social mediante el miedo. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, advirtió que la República Islámica está usando la pena de muerte como un mecanismo político de supervivencia mientras intensifica su guerra contra su propia población.
La escalada represiva ocurre además bajo el manto del conflicto externo con Estados Unidos e Israel, en un momento en que activistas denuncian que Teherán aprovecha la atención internacional puesta en la guerra para acelerar ejecuciones y ocultar abusos dentro del país. Human Rights Watch alertó hace pocos días sobre el riesgo de ejecuciones arbitrarias y secretas, incluso contra presos políticos y menores, mientras miles de detenidos permanecen expuestos tanto a los ataques externos como a los abusos del propio Estado iraní.
En paralelo, el país atraviesa uno de los apagones de internet más prolongados de su historia reciente, una situación que, según defensores de derechos humanos y expertos citados por medios internacionales, facilita el control de la información, limita la documentación de abusos y deja a millones de iraníes atrapados bajo la narrativa oficial del régimen.