El registrador nacional Hernán Penagos ratificó la independencia y autonomía de la Registraduría y anunció que enviará el caso de la consulta popular a las altas cortes para que se pronuncien “ágil y oportunamente” sobre su legalidad. El funcionario enfatizó que, pese a la insistencia del Ejecutivo en convocar a las urnas, el Senado ya se pronunció en contra del mecanismo, lo que ha generado un “problema jurídico de talla mayor” que solo puede ser resuelto por las máximas instancias judiciales del país.
Penagos confirmó que el organismo remitirá el caso a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, con el objetivo de que se dirima de forma urgente si el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete tiene o no validez para convocar a la ciudadanía a una consulta popular.
“Estamos frente a un conflicto de competencias entre dos ramas del poder público, y en una democracia, la solución a estas controversias está en la justicia”, expresó Penagos, advirtiendo que el cruce de decisiones entre el Gobierno y el Senado ha derivado en una situación sin antecedentes recientes.
Además, el registrador fue enfático en señalar que, incluso si se resolviera favorablemente el aspecto jurídico, no es posible realizar la consulta el próximo 7 de agosto, como lo ha propuesto el Ejecutivo. “Ese proceso requiere mínimo tres meses de preparación”, aseguró.
Ahora la responsabilidad queda en manos de las altas cortes, que ahora tendrán la última palabra en una disputa en la que esta en juego la independencia de poderes y el respeto por la democracia.