Rendón anuncia demanda contra decreto agrícola de Petro

Una fuerte controversia ha surgido entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, respecto a una resolución que pretende dedicar 250.000 hectáreas en Antioquia exclusivamente a actividades agrícolas.

La resolución, firmada por la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, el 26 de diciembre de 2024, busca establecer Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 23 municipios del suroeste antioqueño, una zona con significativos proyectos mineros. Según el decreto, estas áreas estarán destinadas únicamente a la agricultura, lo que ha generado un enfrentamiento por las competencias sobre el uso del suelo.

El gobernador Rendón ha calificado la resolución como una “usurpación” de las funciones locales, argumentando que, según la Constitución, son los concejos municipales quienes tienen la autoridad para definir los usos del suelo. “Es una usurpación que le hace el Gobierno Nacional, en su lucha ideológica por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería, a las autoridades municipales”, declaró Rendón, anunciando que demandará la resolución por considerarla “improcedente”.

La ministra Carvajalino ha defendido la medida, señalando que su objetivo es proteger la producción agrícola y asegurar la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, los empresarios antioqueños, representados por Intergremial, han expresado su preocupación, advirtiendo que esta decisión podría afectar la competitividad del departamento y paralizar sectores productivos.

El presidente Petro, a través de su cuenta en X, ha defendido la resolución, afirmando que busca salvaguardar la región de la minería y el extractivismo, compromisos que había prometido durante su campaña. “Los que quieren tumbar el decreto están a órdenes de la minería y no les importa la región ni su conservación”, escribió el mandatario, intensificando el debate sobre la soberanía local frente a las políticas nacionales.

Este conflicto pone de relieve las tensiones entre las políticas ambientales y de desarrollo sostenible del Gobierno Nacional y las autonomías locales, especialmente en regiones con economías mixtas donde la minería y la agricultura coexisten.