Lina María Garrido, representante a la Cámara por Arauca y segunda vicepresidenta del Congreso, ha sido víctima de cuatro amenazas directas desde abril de 2024. Según denunció, la primera llegó el 5 de abril de 2024 por parte del ELN, seguida de una segunda el 25 de julio del mismo año. Luego, el 4 de noviembre, recibió otra intimidación de las disidencias de las FARC, y la más reciente comunicación la convoca a un “consejo de guerra”, una amenaza que ha encendido las alarmas sobre su seguridad y la de su familia.
“Como resultado de la labor que vengo realizando para mostrar al país y al mundo la oscuridad que significa el gobierno de Gustavo Petro, acabo de recibir la cuarta amenaza directa contra mi vida y mi familia por parte de las FARC-EP, Frente Décimo Guadalupe Salcedo”, denunció Garrido.
La congresista afirmó que todas las amenazas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General, la Policía Nacional, la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin que hasta el momento se tomen medidas efectivas.
“La única respuesta que recibí fue una resolución de la UNP en la que me notificaron que reducirían mi esquema de seguridad. Es una burla. Nos están dejando solas”, advirtió Garrido quien además dejó constancia pública de su estabilidad emocional ante la gravedad de los hechos, para evitar que cualquier desenlace sea tergiversado: “No estoy deprimida ni suelo atentar contra mi propia integridad. Disfruto de buena salud. Nunca me suicidaría”..
Frente a este panorama, la senadora Cabal solicitó a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso actuar de manera inmediata frente a las graves amenazas de muerte que ha recibido la representante Lina María Garrido, atribuidas al ELN y las disidencias de las FARC-EP, y denunció la aparente inacción del Estado ante el riesgo que enfrenta su colega. En una carta instó a la Comisión se pronuncie de forma categórica en respaldo a la representante Garrido y que se dé traslado inmediato del caso a la Procuraduría, Fiscalía y UNP, exigiendo que se activen de manera urgente todos los mecanismos de protección.
“La vida de una congresista está en peligro. No podemos permitir que el silencio legitime el terrorismo como instrumento de censura y persecución”, subrayó Cabal, quien además solicitó seguimiento especial al caso por parte de las entidades correspondientes.
Garrido se ha convertido en una de las voces más críticas del actual gobierno y ha denunciado la presencia y fortalecimiento de grupos armados en Arauca. Su situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las mujeres en la política y la garantía de sus derechos en contextos de alto riesgo.