El Clan del Golfo destina al menos 1,5 millones de dólares mensuales para pagar la nómina de sus estructuras armadas y redes de apoyo, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP). La cifra evidencia la dimensión de su poder financiero y ayuda a explicar su expansión territorial y el fortalecimiento de economías ilegales como la extorsión.
De acuerdo con análisis y trabajo de campo citados por la FIP, la organización maneja una estructura salarial jerarquizada: un comandante de frente puede recibir cerca de 17 millones de pesos al mes; un segundo comandante, alrededor de 12 millones; y los responsables administrativos, unos 10 millones. En los niveles medios, los cabecillas urbanos devengan aproximadamente 3,5 millones, los patrulleros armados 2,2 millones y los llamados puntos o campaneros cerca de 1,5 millones mensuales.
La directora ejecutiva de la fundación, María Victoria Llorente, sostiene que el grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, opera como una federación criminal con reglas internas, cadenas de mando claras y capacidad para financiar grandes nóminas de manera sostenida.
Según la FIP, el Clan del Golfo cuenta con cerca de 10.000 integrantes distribuidos en seis bloques y 40 frentes, con presencia en más de 300 de los 1.123 municipios del país, lo que lo convierte en la organización ilegal con mayor capacidad militar, económica y expansiva en Colombia.
Para sostener esta estructura, la organización requiere altos niveles de liquidez. “Esto explica en parte la disparada de la extorsión”, advierte Llorente, al señalar que el grupo recurre de forma sistemática al cobro ilegal en territorios donde la presencia estatal es débil.
La fundación también destaca el peso creciente de las redes de apoyo, que duplican el número de combatientes armados y cumplen funciones de vigilancia, inteligencia, regulación social y cobro de extorsiones. Este modelo permite ejercer control territorial sin necesidad de grandes concentraciones armadas visibles.
Para la Fundación Ideas para la Paz, la combinación de financiamiento robusto, estructura jerárquica y redes de apoyo convierte al Clan del Golfo en el principal desafío para la política de seguridad en Colombia, especialmente en regiones donde las economías ilegales se consolidan como formas de gobernanza de facto.