Por: Pablo Bustamante
Durante años, Medellín ha convivido con estaciones de Policía convertidas en cárceles improvisadas. Celdas pequeñas diseñadas para detenciones transitorias terminaron alojando a cientos de sindicados, en condiciones de hacinamiento.
La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que son los alcaldes quienes deben resolver el hacinamiento de los sindicados, pues por ley esa población está bajo su competencia.
En ese contexto, la decisión del alcalde Federico Gutiérrez de construir una cárcel en el corregimiento de San Cristóbal para 1.339 sindicados deja de ser un simple proyecto de infraestructura y se convierte en el cumplimiento de una orden que llevaba años esperando ejecución.
Hoy los policías hacen de guardianes permanentes. Resolver el hacinamiento es una medida concreta para devolverle a la Policía su función esencial.
La nueva cárcel, con seis pabellones de 240 cupos y uno adicional de 139 para adultos mayores o personas con discapacidad, promete zonas de alimentación, espacios deportivos, áreas de trabajo e inhibidores de señal para evitar que desde adentro se coordinen delitos.
Es una infraestructura pensada para albergar sindicados, no condenados, respetando la diferencia jurídica que muchas veces se ignora en el debate público.
A diferencia del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde los reclusos permanecen en condiciones extremas, en Medellín los derechos básicos de las personas privadas de la libertad están garantizados.
Sin embargo, el debate no puede quedarse solo en la comparación jurídica. También debe ser estratégico, financiero y urbanístico.
El proyecto costará 675 mil millones de pesos (180 millones USD) y se ejecutará bajo una alianza público-privada, la primera de este tipo en el país para una cárcel. El Distrito comenzará a pagar alrededor de 60 mil millones anuales solo cuando la obra esté terminada y durante doce años. Luego, la infraestructura quedará en manos del municipio.
Mientras tanto, el CECOT de Bukele costó entre 110 y 115 millones de USD y tiene capacidad para 40.000 reclusos. Medellín invertirá cerca de 180 millones de dólares sólo para 1.339 internos.
Son contextos distintos, escalas distintas y realidades jurídicas incomparables, sí. Pero la pregunta sobre eficiencia del gasto público, visión de futuro y priorización de la inversión es válida y necesaria.
Si se habla de inspiración en lo que se hizo en el Salvador, los hechos y números nos obligan a preguntar: ¿podríamos haber construido mucha más capacidad por menos recursos?
¿Era esta la mejor relación costo-beneficio posible?
Y hay otra discusión de fondo: ¿por qué seguimos construyendo cárceles dentro o en el perímetro urbano? ¿Pudimos haber destinado esos recursos y ese lote de terreno del municipio a otras obras de infraestructura estratégicas y que agregaran mayor valor?
Los grandes complejos penitenciarios en el mundo suelen ubicarse en zonas alejadas o periféricas por razones evidentes: seguridad, menor presión sobre el tejido urbano, menor impacto en la valorización del suelo y mayor facilidad para la planificación territorial.
San Cristóbal es un corregimiento con vocación de expansión en vivienda, comercio, turismo por su conexión rural y comunitaria, que ahora cargará con una infraestructura que no le genera valor. Aunado a que el lote donde hoy se levanta la cárcel era propiedad del municipio. Un activo público estratégico para el desarrollo de la ciudad.
Ese terreno, sumado a una inversión de $675.000 millones, podría haber sido destinado a vivienda digna de alto impacto arquitectónico, a complejos educativos-deportivos mixto o incluso a un proyecto comercial comunitario generador de empleo y valor permanente. O con ese dinero, a todo lo anterior.
No se trata de desconocer la urgencia del hacinamiento ni de deslegitimar la obligación legal de actuar. Se trata de preguntarnos si estamos tomando decisiones con suficiente visión de largo plazo.
La ciudad necesitaba resolver el problema en las estaciones de Policía. Eso es indiscutible.
Pero cumplir la ley no debería impedirnos cuestionar el modelo elegido. ¿Es esta la mejor ubicación?
¿Es la inversión más eficiente posible? ¿Estamos pensando en la Medellín de los próximos 30 años o solo resolviendo la crisis inmediata?
La cárcel es necesaria. Pero también merece un debate profundo, técnico y ciudadano. Porque la verdadera pregunta no es si había que actuar. La pregunta es si lo hicimos con la mejor visión posible de ciudad y de país.