Tras las recientes declaraciones del general (r) Óscar Naranjo, en las que cuestiona el ejercicio profesional del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella, el líder del movimiento Defensores de la Patria fijó una posición clara ante el país, defendiendo el papel de la defensa jurídica como pilar esencial del Estado de derecho.
De La Espriella sostuvo que la defensa técnica no es una concesión ni una anomalía dentro del sistema democrático, sino una garantía constitucional. “Sin defensa no hay debido proceso, y sin debido proceso no hay justicia, sino arbitrariedad”, afirmó, recordando que el equilibrio entre investigación, juzgamiento y defensa es la base de una democracia sólida.
El candidato presidencial expresó su preocupación por lo que considera una estigmatización injusta del ejercicio del derecho penal, como si defender a una persona implicara justificar el delito. Enfatizó que la función del abogado consiste precisamente en garantizar que el poder punitivo del Estado se ejerza dentro de los límites de la ley y con pleno respeto por las garantías procesales.
Asimismo, señaló que resulta grave deslegitimar la labor de la defensa cuando ha sido el respeto al debido proceso lo que ha permitido al Estado combatir el crimen sin recurrir a prácticas autoritarias o violatorias de los derechos humanos.
De La Espriella también cuestionó que estos señalamientos provengan de quien hizo parte de un gobierno que adelantó procesos de negociación política con estructuras armadas ilegales, otorgándoles representación institucional sin garantizar plenamente verdad, justicia ni reparación a las víctimas, una experiencia que —según afirmó— dejó profundas heridas y debilitó la confianza ciudadana en las instituciones.
El líder de Defensores de la Patria reiteró que su proyecto presidencial se fundamenta en el respeto irrestricto por la Constitución, la autoridad legítima del Estado y la defensa de las libertades individuales. Su trayectoria profesional, aseguró, se ha desarrollado dentro de la legalidad, como garante del debido proceso y del equilibrio institucional.
Finalmente, De La Espriella sostuvo que Colombia necesita un liderazgo que fortalezca la justicia y respete las instituciones, entendiendo que sin abogados, sin jueces independientes y sin garantías procesales no hay democracia posible. Su compromiso —concluyó— es con la Constitución, el Estado de derecho y los ciudadanos que exigen orden, justicia y autoridad legítima.