El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes el congelamiento inmediato de todos los activos financieros vinculados a Nicolás Maduro y a personas asociadas a su entorno político, en el marco de la inestabilidad institucional que atraviesa Venezuela.
La decisión, adoptada bajo la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos (FIAA), tiene como objetivo prevenir la fuga de capitales y asegurar que los fondos permanezcan disponibles para eventuales procedimientos judiciales. Las autoridades suizas aclararon que la medida no se aplica a miembros del gobierno venezolano actualmente en funciones.
El anuncio se produjo tras la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Estados Unidos, hecho que incrementó la incertidumbre regional. En ese contexto, el gobierno helvético reiteró su llamado a la moderación, al respeto del derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias.
En una comunicación oficial, Berna subrayó que “el objetivo central de esta decisión es impedir que activos potencialmente adquiridos de manera ilícita sean transferidos fuera de Suiza en la actual coyuntura política, garantizando que permanezcan disponibles para eventuales procedimientos judiciales que pudieran desarrollarse en el país de origen”.
El Consejo Federal explicó que la aplicación del congelamiento no depende de la forma en que se produjo la salida del poder de Maduro, sino de la existencia de un cambio de mando y de la posibilidad de que Venezuela impulse acciones legales para reclamar los recursos inmovilizados.
Asimismo, precisó que las nuevas órdenes dictadas al amparo de la FIAA se suman al régimen de sanciones vigente desde 2018 bajo la Ley de Embargo, pero alcanzan a personas que no habían sido objeto de sanciones previas en territorio suizo.
Las autoridades insistieron en el componente restitutivo de la medida. “Si los procedimientos de asistencia judicial recíproca demuestran que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por garantizar que estos recursos sean utilizados en beneficio directo del pueblo venezolano y no de actores particulares”, señaló el gobierno federal.
La orden entra en vigor de inmediato, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y podrá extenderse si persisten las condiciones que motivaron su adopción. Con esta decisión, Suiza refuerza su política de control financiero frente a personas políticamente expuestas y marca distancia ante la volatilidad política venezolana.