La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector, tras detectar presuntos vínculos con estructuras criminales.
El superintendente, Larry Álvarez Morales, informó que la decisión hace parte de una ofensiva contra la ilegalidad en la vigilancia privada, luego de identificar un patrón en el que organizaciones delincuenciales estarían utilizando licencias legales para operar y facilitar actividades ilícitas.
Según la entidad, las medidas afectan compañías en distintas regiones del país, incluyendo Barranquilla, donde operaban firmas como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las que ya se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
Además, la Supervigilancia advirtió que al menos ocho empresas más podrían ser sancionadas próximamente, en el marco de investigaciones en curso.
Las autoridades también revelaron hallazgos preocupantes, como el uso de armas autorizadas en hechos delictivos y la vinculación de personal de estas compañías con estructuras criminales. Estas prácticas estarían relacionadas con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales.
“El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen sus recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó el superintendente Álvarez, quien aseguró que todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso.
La entidad destacó que este trabajo se ha logrado gracias a la articulación con otras instituciones del Estado, especialmente el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido fortalecer el control de armas, avanzar en investigaciones judiciales y mejorar el cruce de información.
Pese a los hallazgos, la Supervigilancia reiteró que la mayoría de las empresas del sector operan dentro de la legalidad y cumplen un papel fundamental en la generación de empleo, beneficiando a más de 360.000 familias en el país.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a todas las empresas de vigilancia a cumplir estrictamente la ley, advirtiendo que aquellas que sean utilizadas para actividades ilícitas serán sancionadas con todo el peso institucional.