La niñez colombiana vive un infierno. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado denuncias sobre menores de edad en el Chocó, en su mayoría de la comunidad emberá, que han optado por el suicidio antes de caer en manos de los grupos armados ilegales. La tragedia ha encendido las alarmas entre organismos internacionales, mientras el gobierno colombiano guarda silencio.
En un escenario de abandono estatal, los niños y adolescentes del Chocó y otras regiones como el Catatumbo son las principales víctimas de la expansión del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Estos grupos han aumentado su dominio territorial, reclutando a la fuerza a menores de edad para fortalecer sus filas. Ante esta realidad, algunas familias han reportado que sus hijos prefieren quitarse la vida antes que ser sometidos a una vida de violencia y esclavitud en la guerra.
Mientras el reclutamiento forzado de menores sigue en aumento, el presidente Gustavo Petro ha sido duramente criticado por su falta de acción en este tema. Su postura y discursos en el ámbito internacional, particularmente sobre Palestina, contrastan con la inacción ante la crisis humanitaria que afecta a la infancia en Colombia. Los habitantes de las zonas más golpeadas por la violencia se sienten abandonados por un gobierno que prometió paz, pero que no ha tomado medidas concretas para frenar el accionar de los grupos armados.
La problemática no se limita al Chocó. El Catatumbo y otras regiones del país también están siendo azotadas por la violencia y el reclutamiento forzado. Organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales han denunciado en repetidas ocasiones la falta de respuestas concretas por parte del Estado, mientras la ONU sigue recibiendo denuncias sobre la escalada del conflicto.
La expansión de los grupos armados ilegales ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo y diversos analistas de seguridad. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, advirtió recientemente que la situación de seguridad en el país es crítica:
“La última alarma de la Defensoría da cuenta de 11 crisis humanitarias simultáneas, generadas por 10 grupos armados con influencia en 809 municipios, lo que representa un copamiento territorial casi total, una peligrosa pérdida de soberanía y una violencia que se irriga a las ciudades por miles de bandas de microtráfico y delincuencia común.”
Las comunidades más vulnerables del país siguen clamando por atención y acción inmediata. La inacción del gobierno podría costarle la vida a más niños en el Chocó y en otras zonas del país, mientras los grupos armados ilegales siguen imponiendo su ley de terror. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido medidas urgentes para detener esta crisis humanitaria, pero hasta el momento, la respuesta del gobierno sigue siendo insuficiente.