El adolescente responsable de asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue trasladado en los últimos días al Centro de Atención Especializado para Adolescentes conocido como La Pola, ubicado en Medellín.
El joven, de 15 años, fue condenado a siete años de privación de la libertad. La sentencia lo halló responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, cargos que fueron aceptados por el menor durante la audiencia ante el juez de la causa.
Sin embargo, al tratarse del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, expertos recuerdan que las sanciones no se cumplen bajo los mismos criterios del sistema ordinario, lo que abre la posibilidad de beneficios, revisiones periódicas y eventuales reducciones del tiempo de internamiento, dependiendo del comportamiento, los procesos de resocialización y los informes técnicos.
El caso tiene un alto perfil político y mediático, lo que incrementa los riesgos para la integridad del menor, tanto por posibles retaliaciones como por presiones externas. No obstante, persisten las dudas. ¿Corre peligro la vida del menor dentro del sistema de reclusión? ¿Es este traslado una medida preventiva ante amenazas concretas? ¿Podría el joven cumplir menos tiempo del inicialmente fijado por la justicia?
Aunque las autoridades no han confirmado amenazas directas, sí reconocen que el caso exige un manejo diferencial, tanto por la gravedad de los hechos como por el impacto político que generó el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, cuando Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos durante una reunión política en Bogotá.