El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra la Alcaldía por un posible incumplimiento de las medidas cautelares que le ordenaban frenar nuevas licencias de construcción y revisar el impacto ambiental de las obras del Plan Parcial Caminos de La Romera.
Detrás del proceso hay una preocupación que lleva años creciendo entre habitantes y autoridades ambientales: proyectos inmobiliarios construidos en zonas sensibles, cerca de quebradas, nacimientos de agua y terrenos con riesgo de deslizamientos.
El plan urbanístico, aprobado desde 2004, abarca unas 75 hectáreas entre las veredas La Doctora y Las Lomitas. Bajo ese esquema fueron autorizadas más de 7.500 viviendas en 54 proyectos. Sin embargo, según los demandantes y Corantioquia, todo habría avanzado sin la concertación ambiental obligatoria con la autoridad ambiental.
Uno de los casos que más preocupa es el del edificio Monteforte. De acuerdo con los informes técnicos, la construcción se levantó sobre el cauce de un afluente de la quebrada Las Lomitas. Incluso, para hacer la obra, se habría instalado una pantalla de concreto sobre el lugar por donde pasaba el agua.
La situación terminó empeorando: el edificio presentó un hundimiento de hasta diez centímetros y la obra quedó abandonada cuando iba en un 70 % de avance. Mientras tanto, cerca de 180 familias siguen esperando desde hace más de 15 años que les entreguen sus apartamentos.
Los informes también hablan de problemas con el agua en otros conjuntos residenciales como Mantis y Cigarras. Según el reporte, estos edificios fueron entregados sin conexión al sistema de EPM y el suministro dependía de pozos manejados por la constructora Grupo Monarca, hoy en liquidación.
Habitantes denunciaron problemas de salubridad y enfermedades relacionadas con el agua, situación que llevó incluso a la construcción del llamado Acueducto Cumbres, infraestructura que, según Corantioquia, tampoco tendría los permisos ambientales necesarios.
Ahora será el Tribunal el encargado de determinar si la Alcaldía realmente cumplió las órdenes judiciales o si ignoró las medidas que buscaban frenar nuevas afectaciones ambientales en una de las zonas más sensibles de Sabaneta.