La administración de Donald Trump continúa avanzando en lo que muchos consideran un audaz paso para proteger la integridad y el significado de la ciudadanía en Estados Unidos. En un movimiento sin precedentes, el Gobierno ha presentado una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para limitar los efectos de las órdenes judiciales que han bloqueado su orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, la cual busca terminar con la práctica de otorgar ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus migratorio temporal.
Según la administración, la medida—oficialmente conocida como Executive Order 14160—pretende restaurar el sentido original de la 14ª Enmienda, garantizando que el derecho a la ciudadanía se reserve a quienes verdaderamente comparten los valores y el compromiso con la nación. Trump y sus partidarios sostienen que, durante décadas, la interpretación actual ha sido utilizada de forma irresponsable, incentivando la inmigración ilegal y generando abusos en el sistema migratorio.
La estrategia del Gobierno se centra en restringir la aplicación de los bloqueos judiciales a los afectados directamente por los litigios, en lugar de que tengan un alcance nacional que, según ellos, impide al Ejecutivo cumplir su función constitucional. “Es hora de que se respete la soberanía del pueblo estadounidense y se aplique la ley de forma equitativa. Los tribunales han excedido su autoridad con mandatos de alcance universal, y esta acción busca corregir ese desequilibrio”, declaró un portavoz del Departamento de Justicia.
Para muchos defensores de la reforma, esta orden ejecutiva es una respuesta necesaria a una interpretación que, en su opinión, se ha desviado del verdadero espíritu de la Constitución. La medida se dirige especialmente a quienes, al nacer en territorio estadounidense, obtienen automáticamente la ciudadanía sin que se verifique el compromiso de sus padres con el orden legal y los valores fundamentales del país. Según los argumentos del Gobierno, limitar este derecho en casos de inmigración ilegal o estatus temporal no solo es legal, sino que también es un acto de justicia para quienes han seguido los cauces formales y legales para inmigrar.
Expertos conservadores señalan que reinterpretar la cláusula de “sujeto a la jurisdicción” de la 14ª Enmienda permite poner fin a prácticas que han generado incentivos perversos para la inmigración ilegal, subrayando que otros países han adoptado sistemas similares para salvaguardar su integridad nacional. “Esta no es una medida radical, sino una corrección necesaria para asegurar que la ciudadanía sea un privilegio reservado a quienes cumplen con las normativas establecidas y demuestran un compromiso real con el país”, afirmó un jurista conservador.
La petición ante la Corte Suprema no busca resolver de manera definitiva la constitucionalidad de la medida, sino acotar la injerencia de las órdenes judiciales emitidas a nivel nacional. Con una mayoría conservadora en el máximo tribunal, en la que se incluyen tres jueces designados por Trump durante su primer mandato, se espera que se dé un giro que permita al Ejecutivo implementar, al menos parcialmente, la política que muchos ven como un paso hacia una América más segura y justa.
Para los partidarios de Trump, esta acción representa un acto de firmeza frente a una burocracia judicial que, a su parecer, ha sobrepasado los límites de su competencia y ha impedido al Ejecutivo defender los intereses y la seguridad de la nación. “El presidente Trump está actuando en defensa del pueblo y de los principios constitucionales que han hecho de Estados Unidos una nación excepcional. Es un acto de patriotismo y de respeto a la ley”, aseguraron en declaraciones cercanas al Gobierno.
Además, esta medida forma parte de un paquete más amplio de reformas migratorias que buscan modernizar y fortalecer el control de fronteras, proteger el empleo y garantizar que los beneficios de la ciudadanía recaigan solo en quienes han cumplido con los procedimientos legales. Para muchos analistas, esta acción es un paso decisivo para revertir políticas que, en opinión de sus defensores, han debilitado la capacidad del país para regular la inmigración y proteger a sus ciudadanos.
La resolución final de este litigio tendrá un impacto considerable en el futuro del sistema migratorio estadounidense, redefiniendo el equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Judicial y, sobre todo, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con un sistema de ciudadanía basado en el mérito y el cumplimiento de la ley. Mientras tanto, la administración Trump continúa impulsando sus reformas con la convicción de que restaurarán el verdadero significado de ser estadounidense y fortalecerán la seguridad y prosperidad de la nación.
Fuente: Reuters, Infobae, AP.