El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que da inicio al proceso de desmantelamiento del Departamento de Educación, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. La medida busca reducir la influencia del gobierno federal en el sistema educativo y devolver el control a los estados.
Desde su primera campaña presidencial, Trump ha manifestado su intención de eliminar el Departamento de Educación, argumentando que el sistema ha fallado y que los recursos de los contribuyentes han sido utilizados para “adoctrinar a la juventud de América”. En su declaración oficial tras la firma del decreto, el mandatario afirmó: “Todos saben que esto es lo correcto. Debemos educar a nuestros niños de la mejor manera posible, sin interferencia burocrática”.
La Casa Blanca emitió una hoja informativa en la que detalla que la orden ejecutiva busca “devolver la educación a las familias en lugar de a las burocracias”. Asimismo, instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento, garantizando al mismo tiempo que los programas esenciales continúen funcionando sin interrupciones.
Reducción del Departamento sin eliminación total
A pesar de la firma del decreto, la disolución completa del Departamento de Educación requerirá la aprobación del Congreso, lo que podría enfrentar obstáculos en el Senado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que la orden ejecutiva “no cerrará por completo la agencia, pero la reducirá enormemente”.
El departamento continuará administrando programas clave, como las becas Pell y los préstamos estudiantiles, que proporcionan ayuda financiera a estudiantes universitarios. “Las becas Pell y los préstamos estudiantiles seguirán siendo gestionados por el departamento en Washington, D.C., pero la gran responsabilidad de educar a nuestros estudiantes volverá a los estados”, explicó Leavitt.
Crisis en la educación y argumentos de la Casa Blanca
La decisión de Trump se produce en un contexto de creciente descontento con el sistema educativo estadounidense. Una encuesta de Gallup publicada en febrero reveló que solo el 24% de los estadounidenses están satisfechos con la calidad de la educación en el país, una caída significativa en comparación con el 37% registrado en 2017.
Además, la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) de 2024 mostró resultados preocupantes: los puntajes de matemáticas en octavo grado no mejoraron respecto a 2022 y los puntajes de lectura disminuyeron dos puntos. La Casa Blanca ha utilizado estos datos para argumentar la necesidad de una reforma estructural y el traspaso del control educativo a los gobiernos estatales.
El Congreso y los desafíos legislativos
Para que la disolución del Departamento de Educación se haga efectiva, es necesaria la aprobación del Congreso bajo el Artículo II de la Constitución de EE. UU. En el Senado, donde los republicanos cuentan con 53 escaños, se requiere una mayoría de 60 votos para suprimir la agencia. Sin embargo, el representante Thomas Massie, de Kentucky, ha sugerido utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria para aprobar la medida con solo 51 votos.
El senador Bill Cassidy, de Luisiana, respaldó la iniciativa, señalando: “Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que el Departamento de Educación ha fracasado en su misión. Presentaré legislación para apoyar su cierre lo antes posible”.
Oposición y acciones legales en curso
La decisión ha generado una fuerte oposición por parte de sindicatos y legisladores demócratas. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, anunció que impugnarán la orden ejecutiva en los tribunales. “Nos vemos en los tribunales”, advirtió.
Asimismo, un grupo de fiscales generales de 21 estados presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Massachusetts, argumentando que la medida es una “violación ilegal de la separación de poderes” y que la administración Trump está obligada a garantizar el cumplimiento de la ley vigente.
Recortes de personal y próximos pasos
Aunque la eliminación total del Departamento de Educación aún debe ser aprobada por el Congreso, la administración Trump ya ha comenzado a reducir su tamaño. El 11 de marzo, el departamento anunció planes para recortar a la mitad su personal, que actualmente supera las 4.000 personas.
La firma de este decreto marca un paso clave en la agenda de Trump para reformar el sistema educativo estadounidense, aunque su implementación final dependerá de las decisiones del Congreso y de las posibles batallas legales que puedan surgir en los próximos meses.