En una sorpresiva y polémica decisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura y ampliación de la histórica prisión de Alcatraz, cerrada desde 1963, con el objetivo de convertirla nuevamente en una cárcel de máxima seguridad para albergar a los delincuentes más violentos del país.
Trump afirmó que la nueva Alcatraz será destinada a criminales “despiadados, reincidentes y crueles” que, según él, representan una amenaza persistente para la sociedad estadounidense. “Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes violentos, la escoria de la sociedad, que solo contribuyen a la miseria y el sufrimiento”, escribió el mandatario.
La emblemática cárcel, ubicada en la bahía de San Francisco, fue operativa entre 1934 y 1963, y albergó a célebres criminales como Al Capone y George “Machine Gun” Kelly. Su cierre se debió a los altos costos de operación, que en su momento alcanzaban entre 3 y 5 millones de dólares anuales. Desde entonces, se convirtió en un sitio turístico visitado por millones.
Trump ha ordenado a la Oficina Federal de Prisiones, el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que coordinen la reconstrucción del complejo penitenciario, aunque aún no se han dado a conocer detalles sobre el presupuesto ni el cronograma para su ejecución.
La medida ha generado fuertes críticas por parte de sectores políticos, especialmente del Partido Demócrata. La congresista Nancy Pelosi calificó la propuesta como “inverosímil” y una maniobra populista que podría violar derechos fundamentales.
Este anuncio se produce en un contexto tenso entre Trump y el poder judicial, luego de que su intento por trasladar pandilleros a una cárcel de alta seguridad en El Salvador fuera bloqueado por tribunales federales por falta de debido proceso.
Con esta reapertura, Trump pretende que Alcatraz se convierta nuevamente en un símbolo de la “ley, el orden y la justicia”, aunque para muchos representa un retroceso en políticas penitenciarias centradas en la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos.