El Hospital San Vicente Fundación, uno de los centros asistenciales de mayor complejidad en Medellín, declaró este 25 de agosto un nuevo estado de emergencia hospitalaria en su servicio de urgencias para adultos, tras superar el 150 % de su capacidad instalada. La decisión se adoptó debido a la sobreocupación persistente, que ha generado retrasos en la atención y la necesidad de reorganizar recursos humanos y logísticos para evitar un colapso.
Alejandro Marín, coordinador del servicio, explicó que la declaratoria busca garantizar continuidad en la atención y priorizar casos de mayor gravedad. No es la primera vez en el año que la institución se enfrenta a este escenario: en mayo la ocupación llegó al 280 %, obligando también a decretar la emergencia.
La situación del San Vicente no es un hecho aislado. Los hospitales del área metropolitana de Medellín enfrentan una creciente presión, causada por enfermedades crónicas descompensadas, accidentes de tránsito, violencia y retrasos en citas médicas. Además, el flujo constante de remisiones desde otros municipios de Antioquia y diferentes regiones del país incrementa la carga asistencial.
El colapso en los servicios de urgencias está íntimamente relacionado con los problemas financieros y estructurales del sistema de salud colombiano. Hoy, las deudas de las EPS superan los 32,9 billones de pesos con hospitales, clínicas, laboratorios y operadores farmacéuticos. En el caso de la industria farmacéutica, la cartera alcanza los 4,3 billones, con un alto porcentaje vencido.
A esto se suman más de 1,6 millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR) en lo corrido de 2024, que evidencian la inconformidad de los pacientes por largas esperas, rechazos y el conocido “paseo de la muerte”. Mientras tanto, los trabajadores de la salud denuncian condiciones laborales precarias, falta de estabilidad y bajos salarios, pese a ser el eje de la atención.
Ante este panorama, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal sostiene que el sistema debe reformarse desde la técnica y no desde la ideología. Su apuesta, dice, es un modelo mixto que combine la garantía del derecho a la salud con la competencia entre prestadores, para elevar la calidad del servicio.
Entre sus principales propuestas se destacan:
- Fondo de Garantías para asegurar la continuidad de la atención en casos de liquidación de EPS, evitando que los pacientes queden desprotegidos.
- Auditorías integrales y mayor control sobre EPS, evitando intervenciones por intereses políticos o burocráticos.
- UPC diferencial: un pago basado en resultados, de manera que las EPS que descuiden a sus pacientes no reciban los mismos recursos que aquellas que cumplen con estándares de calidad.
- Reemplazo ordenado de EPS inviables, con topes presupuestales para evitar sobrecostos y despilfarro.
- Uso de inteligencia artificial y telemedicina para llegar con atención preventiva y diagnóstica a las zonas apartadas, con interoperabilidad de las historias clínicas a nivel nacional.
- Inversión en infraestructura hospitalaria rural, pero con blindajes contra la corrupción política.
- Programas especiales para enfermedades de alto costo o raras, garantizando acceso oportuno a los mejores tratamientos.
- Condiciones laborales dignas para los trabajadores de la salud, con estabilidad, derechos básicos y capacitación continua en nuevas tecnologías.
“La salud de los colombianos no puede estar a merced de la ineficiencia ni del despilfarro. El sistema necesita reglas claras, competencia que mejore la calidad y un Estado que garantice continuidad en la atención”, ha dicho Cabal al referirse a su propuesta.
La crisis declarada en el Hospital San Vicente vuelve a encender las alarmas sobre la urgencia de una reforma estructural. Mientras tanto, médicos, pacientes y familias enfrentan las consecuencias de un sistema que hoy funciona al borde del colapso.