A pocos días de conocerse la sentencia en su caso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura acusación contra el sistema judicial colombiano y el Gobierno nacional. Asegura que ha sido víctima de una persecución política disfrazada de legalidad, con participación de magistrados, fiscales y del propio presidente Gustavo Petro.
Uribe denunció que fue interceptado ilegalmente más de 20 mil veces por orden de la Corte Suprema, a pesar de que la autorización era para intervenir el teléfono de otro congresista. Aunque se advirtió que estaban escuchando su voz, las interceptaciones continuaron durante más de un mes y luego fueron usadas en su contra, aunque no demostraban ningún delito.
“El error se volvió intención”, dijo Uribe, y aseguró que también fueron violadas sus comunicaciones con su abogado.
Acusó al presidente Gustavo Petro de haber presionado públicamente a la justicia con más de una docena de declaraciones sobre su caso, a pesar de negar su intervención. “Petro quiere meterme preso por razones políticas”, afirmó.
Uribe también cuestionó la actuación del senador Iván Cepeda, a quien calificó como aliado de las FARC, y recordó que las denuncias contra él fueron archivadas en 2018 por el entonces magistrado José Luis Barceló, justo antes de elecciones, dándole vía libre a un proceso por supuesta manipulación de testigos.
Según el exmandatario, ese nuevo proceso fue secreto, se filtró a periodistas afines al petrismo y su defensa fue mantenida al margen. Asegura que fue llamado a indagatoria sin permitirle contradecir al testigo principal, el recluso Juan Guillermo Monsalve, a quien acusa de recibir beneficios de Cepeda.
Uribe denunció además que magistrados y jueces discutieron su caso en medios de comunicación, anticiparon decisiones y actuaron con claros conflictos de interés. Cuestionó especialmente al magistrado César Reyes, quien lo envió a prisión, pese a haber sido contratista del gobierno Santos y colega de la esposa de Cepeda.
También señaló al magistrado Alejandro Linares, de la Corte Constitucional, por supuestamente filtrar su ponencia a periodistas y recibir llamadas de Juan Manuel Santos, lo que, según Uribe, contaminó la decisión que permitió que su proceso continuara en la Fiscalía.
Finalmente, denunció que el fiscal que lo acusó, Gilberto Villarreal, fue promovido por el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a quien Uribe señala como su supuesto enemigo político y quien en su época de fiscal ordenó la detención de su hermano, hoy absuelto.
“Todo esto ha sido una cadena de abusos, manipulaciones y decisiones amañadas para destruirme políticamente”, concluyó Uribe, quien insiste en su inocencia y advierte que su caso refleja cómo el poder judicial ha sido tomado con fines políticos.