“Usaremos todos los recursos legales para demostrar que no hay inhabilidad” Oviedo tras decisión del Tribunal Administrativo de Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió anular la elección de Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá, tras resolver una demanda que alegaba una aparente inhabilidad del excandidato a la Alcaldía. La decisión ha generado controversia, especialmente porque, según su equipo legal, ya existía un fallo previo que determinaba que Oviedo no estaba inhabilitado para ejercer el cargo.

La respuesta de su equipo legal

Ante la noticia, la firma Hollman Ibáñez Abogados, que representa a Oviedo, emitió un comunicado en el que califican la decisión como “contradictoria y violatoria del debido proceso”.

“Frente a los mismos hechos y pretensiones, ya existe una decisión judicial de primera instancia en el medio de control de pérdida de investidura, en la que se resolvió que el concejal no está inhabilitado”, señalaron los abogados.

En el comunicado también se enfatiza que, de confirmarse la anulación de su elección, se agotarán todos los recursos y mecanismos de defensa disponibles para garantizar los derechos de Oviedo.

“De resultar cierta la sentencia que declara la nulidad de su declaratoria como concejal, esta defensa hará uso de cada una de las solicitudes, recursos e instancias pertinentes”, afirmaron.

Además, recalcaron que el proceso de pérdida de investidura aún se encuentra en segunda instancia y que el fallo anterior ya había resultado a favor de Oviedo.

Oviedo continuará en su cargo mientras avanza el proceso

Los abogados de Oviedo aclararon que, por el momento, el concejal seguirá ejerciendo su curul de oposición en el Concejo de Bogotá, pues la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no es definitiva y puede ser apelada.

“El asunto solo será resuelto por el magistrado de la Sección Quinta que conozca en segunda instancia”, concluye el comunicado.

Por ahora, el futuro de Oviedo en el Concejo dependerá del curso de las apelaciones y de la decisión que tome el Consejo de Estado, que tendrá la última palabra sobre su permanencia en el cargo.