La Defensoría del Pueblo declaró máxima alerta en el departamento del Vichada ante el riesgo de una nueva escalada de violencia tras la ruptura del pacto entre los grupos armados Segunda Marquetalia (Frente 53 Edison Romaña) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Frente José Daniel Pérez Carrero).
A través de la Alerta Temprana de Inminencia N.º 015-2025, el organismo advierte sobre una inminente confrontación por el control de las rutas ilícitas en la frontera con Venezuela, lo que podría desencadenar confinamientos, desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria en comunidades indígenas y rurales de cuatro municipios del departamento.
Según el informe, durante los últimos dos años ambas estructuras mantuvieron una coexistencia basada en acuerdos de cooperación para controlar las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y los corredores transfronterizos. Sin embargo, esa alianza se rompió el pasado 3 de agosto de 2025, cuando el ELN acusó a la Segunda Marquetalia de filtrar información a las Fuerzas Militares, lo que derivó en la incautación de cargamentos de cocaína y coltán.
La tensión escaló con una emboscada con explosivos en territorio venezolano contra alias “Zarco Aldinever Morantes”, segundo al mando de la Segunda Marquetalia, hecho que marcó el inicio de enfrentamientos entre ambos grupos en la zona limítrofe.
Aunque gran parte de la confrontación ocurre en el estado venezolano de Apure, la porosidad de la frontera fluvial en los ríos Meta y Orinoco convierte a Colombia en un escenario de riesgo directo. La Defensoría identificó once puntos críticos de amenaza en los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, incluyendo veredas e inspecciones como Aceitico, Garcitas, Amanavén, Puerto Nariño y Nueva Antioquia.
El documento advierte que la población civil está quedando atrapada entre los dos bandos, enfrentando amenazas, reclutamiento forzado y presiones para suministrar apoyo logístico. Las comunidades indígenas Amorua, Sikuani, Sáliba, Piapoco, Piaroba, Curripaco y Guarequena, así como líderes sociales, autoridades étnicas y migrantes dedicados a actividades informales de minería, figuran entre las más vulnerables.
La Defensoría del Pueblo alertó además sobre la posible intervención de otros actores armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo (subestructura Gonzalo Oquendo Urrego), el ERPAC y el Nuevo Estado Mayor Central, lo que podría ampliar la confrontación y agravar la crisis humanitaria.
El organismo formuló 17 recomendaciones urgentes a las instituciones del Estado, instando a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) a coordinar acciones inmediatas de disuasión, investigación, protección y atención humanitaria para las comunidades en riesgo.