El pasado 15 de agosto, Jorge Carrillo fue designado como nuevo presidente de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), tras un proceso marcado por intensas discusiones dentro de la empresa. La votación, que generó momentos de tensión, culminó con el apoyo de varios miembros de la junta directiva, incluidos representantes del Gobierno nacional.
Sin embargo, horas después del anuncio, ISA emitió un comunicado en el que aclaró que la designación de Carrillo no es definitiva. «La designación del Sr. Carrillo quedó sujeta, por decisión de la junta directiva, a varias condiciones definidas durante el proceso de selección, las cuales hasta la fecha no se han verificado. Una vez se agote el procedimiento establecido por la junta directiva para la designación del presidente, se informará al mercado», indicó la empresa.
Ante las dudas surgidas, Empresas Públicas de Medellín (EPM), accionista minoritario de ISA, emitió un comunicado el 19 de agosto solicitando detalles adicionales sobre el proceso de selección. EPM expresó su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo, instando a ISA a proporcionar información sobre si se cumplieron todos los requisitos para el nombramiento. La solicitud incluye la verificación de que el proceso haya seguido los altos estándares de gobierno corporativo, y que la experiencia y solvencia ética de los candidatos hayan sido evaluadas exhaustivamente.
Además, EPM planteó la necesidad de asegurar que se hayan tenido en cuenta los elementos del Foreign Corruption Practices Act (FCPA) de Estados Unidos, debido a posibles riesgos de incumplimiento relacionados con denuncias en Colombia contra el designado presidente.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció, señalando que existen «graves cuestionamientos sobre el presidente designado», y subrayando que la decisión fue respaldada por los cinco representantes del gobierno en la junta de ISA.
EPM busca garantizar que el proceso de selección del nuevo presidente de ISA sea transparente, cumpliendo con los más altos estándares de ética y buen gobierno corporativo, fundamentales para la gestión de una empresa clave en el sistema eléctrico colombiano.