El Congreso de Colombia se encuentra en medio de una fuerte polémica tras la presentación del proyecto de ley de jurisdicción agraria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este proyecto ha sido calificado como «peligroso» por miembros de la oposición, quienes advierten sobre sus posibles impactos negativos en el sector agrario y minero-energético del país.
Paloma Valencia, expresó su profunda preocupación a través de redes sociales, afirmando que el proyecto «legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express previamente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y abriría la puerta a una persecución contra los propietarios del campo». Según la senadora, los puntos más preocupantes del proyecto incluyen:
- Legalización de la Invasión de Tierras: Con el principio de permanencia agraria, los invasores podrían quedarse en los terrenos con solo demostrar alguna actividad productiva, dificultando el desalojo por parte de los propietarios legítimos.
- Reviven la Expropiación Express: La propuesta permitiría que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolviera casos de expropiación mediante actos administrativos, sin intervención judicial.
- Protección al Más Débil: Se busca reintroducir este principio en la legislación agraria, lo que, según Valencia, genera ambigüedad y podría favorecer a los invasores sobre los propietarios legítimos.
- Impacto en el Sector Minero-Energético: Todas las disputas relacionadas con recursos naturales, incluyendo carbón y petróleo, podrían ser transferidas a la nueva jurisdicción agraria, a pesar de la existencia de jueces especializados.
- Cambio en la Aplicación de Normas: El proyecto propone que el derecho agrario, aún sin reglas claras, tenga primacía sobre el Código Civil y el Código de Comercio.
Valencia advirtió que estas medidas podrían tener un efecto devastador en la inversión rural, ya que los propietarios enfrentarían el riesgo constante de invasión y expropiación.
Denuncias de Corrupción en la Agencia Nacional de Tierras
En paralelo, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático denunció lo que considera un «saqueo» en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), alegando un incremento masivo en la contratación pública para beneficiar a operadores políticos afines al gobierno de Petro. Según Uribe, en 2023, la ANT firmó 116.229 contratos por un valor de 8,36 billones de pesos, un aumento del 54% en comparación con los dos primeros años del gobierno anterior.
El senador también destacó que todas las metas asignadas a la ANT en el Plan de Desarrollo muestran un avance del 0%, lo que indicaría una falta total de gestión y cumplimiento de los objetivos gubernamentales. Uribe anunció que presentará quejas ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para investigar estas irregularidades y sancionar a los responsables de lo que calificó como «derroche de recursos públicos».
La presentación del proyecto de ley y las denuncias de corrupción en la ANT han intensificado la tensión en el Congreso, con la oposición prometiendo dar una dura batalla para evitar lo que consideran un retroceso en términos de seguridad jurídica y gestión pública en Colombia.